Ya han pasado más de 2 meses desde las elecciones municipales y autonómicas, tiempo más que suficiente para desglosar si las promesas electorales van por buen camino o siguen su rutina habitual. No es novedoso que "donde dije digo, digo Diego", máxime cuando ya se vio tras la crisis internacional de 2008 que existen premisas altamente útiles. Claro ejemplo es el concepto herencia recibida, que nos vendían para no acometer absolutamente ninguna medida de las prometidas. Sin embargo, tras aumentarse los salarios en los ayuntamientos donde ha habido cambios, con incrementos entre un 5 y un 200%, parece que la excusa de la falta económica no tiene mucho sentido. Así que, no pudiendo hablar de costes económicos, se habla ahora de optimizar los recursos, como si insultar a la inteligencia de la población fuera un deporte nacional. Para ello, se aportan datos cuya fuente es un becario sentado en un despacho. O como digo yo siempre, la fuente: Neptuno, en Madrid.
Medios nacionales como El País citaban esta semana noticias como "11.000 muestras sin analizar en el hospital de La Paz por falta de personal de laboratorio". Si bien es cierto, la solución real a un problema así no es exactamente más personal de forma directa, sino descargar las pruebas externas a otros centros menos congestionados. Pero bien es sabido que si abandonaron el antiguo Hospital Puerta de Hierro en Madrid o el Policlínico (18 de julio) en Segovia, no es precisamente porque nuestra clase política busque un sistema de trabajo rápido.
Entonces, la solución más habitual, suele ser la concesión de recursos públicos al sistema privado. Un plan sin lagunas para quienes poseen una fórmula compleja de beneficio particular. En esta línea en la Comunidad Valenciana, el gobierno autonómico promete reprivatizar un servicio que ya fue recuperado por el servicio público y pretenden privatizar aún más. En Castilla y León se siguen subcontratando los centros privados para quirófanos, laboratorios o radioterapia. Madrid sigue utilizando sus hospitales públicos alquilados a constructoras privadas y concediendo la gestión sanitaria privada de otros.
A esto se le llama optimización, porque, según ellos, ahorra costes y utiliza infraestructuras que ya fueron edificadas. La parte que se omite suele ser más bien la contraria. Moles de hormigón que generan altísimos beneficios a una entidad privada donde el personal recibe un salario paupérrimo, siendo el mismo coste para la administración pública frente a centros públicos. O incluso peor, en algunos casos, generan un coste superior a pesar de la precariedad laboral y asistencial.
Pero en la misma línea se ultiman los detalles de la sanidad pública. Quienes iban en listas electorales o han sido participantes en alguna ocasión, pasan a puestos directivos poco a poco, independientemente de si participaban en un ayuntamiento ínfimo o se acomodaban en el "prestigioso Senado". Y si con esto se pretende argumentar que la gestión va a estar centrada en el paciente y con buen trato al personal, ¿por qué no se busca un buen gestor independiente a partidos políticos?
Antes de las elecciones, se aumentaron plantillas, se mejoró la remuneración, se prometió que se construiría un nuevo modelo sanitario con una planificación mejor pensada. Pero no. Han pasado los meses y el sistema sigue sobrecargado porque la base del conflicto es muy diferente. Ejemplo de ello es que no por aumentar más ambulancias reduces la carga asistencial de las urgencias del hospital. Es como pensar que por abrir más puntos donde interponer denuncias se descolapsa el juzgado.
La sanidad pasa por un mal trago donde el dinero se mueve cada cuatro años, casualmente coincidiendo con periodos electorales. Una especie de juego donde la clase política representa a los protagonistas de La casa de papel, incluyendo al espectador celebrando la victoria del que debería ser el malo de la serie.
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